El trámite de información pública del expediente de declaración de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico realizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) resulta sorprendente para esta Comunidad de Regantes por su inusitada celeridad en la tramitación de un procedimiento extremadamente complejo, con muchas repercusiones y consecuencias muy importantes en todos los ámbitos (agrícola, medioambiental, económico, social,…), y que precisa de informes muy rigurosos de carácter técnico y científico, para poder adoptar una decisión de este calado. Solo se dieron 20 días de exposición pública para alegaciones, rechazando de plano cualquier posibilidad de ampliar el plazo, aunque se trate de una posibilidad prevista en la ley. El único procedimiento de estas características que se está tramitando actualmente en España es el relacionado con el acuífero de Doñana, al que se le concedió un plazo de exposición pública para alegaciones de dos meses, se inició en el año 2018 y todavía no ha sido resuelto.
También llama la atención la falta de transparencia por parte del MITERD y de la CHS, a la hora de dar traslado a las partes interesadas y a los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca de los informes públicos que se han recabado durante la tramitación del procedimiento hasta ahora para la unión al expediente. Los tres informes recabados, de los que tenemos conocimiento de su existencia realizados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia (COIARM) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) plantean importantes dudas sobre la propia declaración de riesgo y las medidas cautelares a adoptar; en definitiva, manifiestan la improcedencia de seguir adelante con este procedimiento. El informe del IGME pone de manifiesto que en el Estudio de la CHS falta la información imprescindible para redactar en el plazo de un año un programa de actuación que resulte mínimamente solvente para resolver la problemática ambiental. Por ello, la insuficiente caracterización del Estudio de la CHS sobre la masa de agua constada por IGME determina que debe archivarse el procedimiento. Conviene resaltar, que a estos informes se ha tenido acceso, tras el conocimiento extraoficial de su existencia y previa petición de los mismos por escrito al Organismo de Cuenca.
Hoy justo antes de cumplirse el plazo mínimo de 48 horas de la celebración de la Junta de Gobierno de la CHS para remitir el contenido de los informes y de todo el expediente, hemos recibido una voluminosa información relacionada con el expediente. Lo que es totalmente incompresible a estas alturas. Todo ello supone para esta Comunidad de Regantes una absoluta indefensión. No se entiende cómo el resto de componentes de la Junta de Gobierno de la CHS van a tener que decidir sobre el fondo de unas cuestiones tan complejas y de tanta repercusión, que puede afectar muy negativamente el modo de vida de más de 40.000 familias del Campo de Cartagena, careciendo del tiempo y la información suficiente, tal como se señala en diferentes informes, para poder formase una decisión razonada de su postura.
A pesar que en el punto cuarto del orden del día está prevista la aprobación de medidas cautelares tras la declaración de la masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado químico, hasta ahora mismo se desconoce cual es su contenido. En caso de que este fuera de carácter agronómico, conviene recordar que el Organismo de cuenca no tiene competencias para condicionar la agricultura (es competencia de la Comunidad Autónoma), por ello se estaría incurriendo en una clarísima invasión de competencias que no le corresponden, por estar infringiendo abiertamente el Art. 10.Uno.6 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Siendo una manifiesta ilegalidad que conllevaría la nulidad radical de las medidas que se adoptaran de este tipo y en su caso de todo el procedimiento. Cabe señalar que las prácticas agrarias del Campo de Cartagena tienen unos niveles más restrictivos de un 37% de cualquier región española de lo que marca la normativa que se debe aplicar en una zona vulnerable por nitratos. Está restricción podría ser incluso mayor, dado que el próximo 22 de julio se vota en la Asamblea Regional la Ley Integral del Mar Menor.
A pesar del que el órgano técnico de asesoramiento por excelencia de las aguas subterráneas, el IGME, pone de manifiesto que la información disponible no es suficiente para redactar en el plazo de un año un programa de actuación que resulte mínimamente solvente para resolver la problemática ambiental. Se quiere votar este jueves en una incomprensible carrera a contrarreloj y a cualquier precio con tal de llegar antes que la votación del día 22 de julio de la Asamblea regional. Lo que pone de manifiesto la primacía de otros frente a la verdadera protección del acuífero y su compatibilidad con la actividad agraria.
Por otro lado, además de las limitaciones al riego, tanto la planificación hidrológica en sus Programas de Medidas, como en el denominado Plan de Vertido Cero, contemplan toda una serie de actuaciones con el fin de mejorar la situación del acuífero y del Mar Menor, que dependen de las Administraciones Públicas y que a fecha de hoy siguen sin ejecutar. El porcentaje de ejecución de las medias previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021, según al EpTI 2021-2027 era inferior al diez por ciento a 31 de diciembre de 2018. Concretamente, en la ficha correspondiente al Mar Menor se explica que de las 100 medidas previstas en el PH2015-2021, solo se habían ejecutado 10 y 7 se encontraban en marcha.
Por ello, dado el bajo nivel de ejecución de las referidas medidas, la estabilización y la mejoría de la concentración del nivel de nitratos en el acuífero sólo puede ser atribuido a las medidas ejecutadas en parcela por los agricultores.
Es indiscutible que queda camino por recorrer, pues una contaminación histórica no puede corregirse en el corto plazo ni, desde luego, sólo con medidas de restricción del riego. Pero lo que es seguro es que la tendencia descendente ya contrastada de los niveles de nitratos ya iniciada no va a mejorar de forma mínimamente apreciable mediante una adopción indiscriminada de condicionantes al riego en una zona en la que, según el propio el Plan Hidrológico del Segura, tendría un inasumible coste económico-social.
Esta comunidad de regantes está tomando medidas en origen, por ejemplo con convenios con la UPCT y colaborando con las diferentes administraciones para la mejora de las prácticas agrarias. Siempre desde la óptica y el ánimo de ser participativos, constructivos y colaboradores en la consecución del objetivo común, que es la compatibilidad de la actividad agraria con la recuperación y protección medioambiental del acuífero y del Mar Menor.
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